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Columnas y artículos de opinión
La propuesta de Peña Nieto
Guillermo H. Zúñiga Martínez
27 de septiembre de 2014
alcalorpolitico.com
Estuve muy atento a las declaraciones que hizo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Lic. César Camacho Quiroz. Anunció que el partido mayoritario propone la reducción de cien diputados plurinominales y de 32 senadores electos bajo el principio de representación proporcional.
 
Me hubiese gustado que el presidente del PRI propusiera la desaparición de todos los legisladores plurinominales, porque 300 diputados y 64 senadores son más que suficientes para representar al pueblo de México. En cada congreso local y en el nacional, existen comisiones de intelectuales, políticos, sociólogos, maestros, escritores que tienen una concepción muy importante de lo que necesita la nación y es en las aulas o en los cubículos donde hay un gran ejercicio por la creatividad para favorecer el progreso del país.
 
Tuve el privilegio de servir al señor gobernador del estado, Lic. Rafael Hernández Ochoa, cuando era candidato a este cargo fundamental y me consta su interés en lo que hizo, que fue crear en los ayuntamientos regidurías proporcionales y en el Congreso local diputados de diversos partidos por la vía plurinominal. Argumentaba -lo que era totalmente cierto-, que el país tenía una mayoría indiscutible con el PRI y quien captó eso con gran profundidad fue su amigo y compañero de escuela, don Jesús Reyes Heroles, quien siendo un político culto se dio a la tarea de modificar el Código Electoral para efecto de beneficiar a las minorías nacionales.
 

Recuerdo que la década en que inicié mi participación política, el PAN apenas alcanzaba algunos cargos en diputaciones y ayuntamientos, porque sus dirigentes querían ganar por mayoría y que no les dieran trato coloquial para satisfacer gratas aspiraciones. Existía el partido creado en el año de 1945 por Vicente Lombardo Toledano, el PPS, que llegaba al poder para participar y se daban a conocer sus inconformidades e inquietudes sobre el progreso o planteamientos políticos del Estado mexicano. Quienes integraban el PPS en Veracruz eran personas distinguidas y humildes como es el caso de Indalecio Sayago Herrera, oriundo de Altotonga, con quien tuve el privilegio de debatir sobre la Ley General de Educación. Él planteaba que la ley obligara a los gobiernos a pagar a los maestros desde educación especial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, etc., pero no apuntaba cómo los gobiernos locales podrían obtener los medios para cubrir esos compromisos; en consecuencia, deberían buscarse estrategias para que el Estado, con sus escasos recursos económicos, atendiera a la población y sufragara salarios y prestaciones.
 
El asunto que plantea el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI es la realización de una consulta pública en la que se pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo con lo que está buscando el partido tricolor. Los mexicanos vemos eso con gran satisfacción; en mi caso, votaría favorablemente no tan sólo para suprimir 100 diputados plurinominales y 32 senadores, sino a todos los seleccionados por el mismo principio, pues estimo que un avance democrático sería que nuestros connacionales eligieran por sí mismos a quienes consideren dignos para representarlos en los cargos políticos vinculados con el desarrollo nacional.
 
Aceptaré lo que diga César Camacho Quiroz, porque su objetivo es cumplir con una propuesta muy nítida y clara que hizo el actual Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, cuando era candidato y buscaba con afán en la victoria la confianza popular.
 

La posición del presidente del PRI es congruente y tendrá que funcionar porque es preciso que el pueblo deje de pagar tanto dinero a representantes que no cumplen con su deber en la cámara de senadores y menos en la de diputados. Es conveniente y perfectible que el Congreso sea más respetuoso y sirva para discutir los problemas nacionales, pero que invite al Presidente de la República y a los gobernadores de cada una de las entidades, porque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe haber diálogo, respeto recíproco y, además, convivencia civilizada ante las obligaciones que tienen ambos para servir a México.
 
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