Pues sí. Uno hace lo que puede cuando puede, y yo leo la prensa mexicana mientras tomo el primer café del día –y a veces el único, porque la virgen ya no está para tafetanes– y oigo los noticieros de radio mientras preparo la cena o mientras limpio mi cocina. De la televisión no me ocupo.
 
No tengo preferencias. La diosa Google es generosa y ofrece una gran variedad de medios a quienes invocan su ayuda. Debo decir que hay días en que prefiero oír La Tremenda Corte, un programa de radio de otro tiempo que me hace reír aunque ya he escuchado varias veces lo que tengo de esa serie, unas doscientas cincuenta emisiones...
 
Pero en el mundo real de los noticieros uno oye y lee detalles que cualquier ley y el sentido de la decencia prohiben en otras partes del mundo: nombres de personas que no han sido formalmente acusadas, sus direcciones, su ocupación, y sobre todo se entera de que el reportero (como los policías) ya determinaron que los detenidos son culpables.
 

La publicación de esos datos y de otros semejantes basta para invalidar un proceso. El caso de Florence Cassez lo dejó muy claro. Y la ignorancia de las reglas del juego, consciente o inconsciente, no absuelve a los periodistas del pecado constante que cometen en la nota roja y en otros géneros del oficio. Se trata de un periodismo ilegal.
 
(También preocupa darse cuenta de que los reporteros han tenido pleno acceso a documentos que tendrían que ser confidenciales hasta que los procedimientos legales los conviertan en públicos, y que la cercanía de los reporteros con sus fuentes llega a convertirlos en policías – o al menos los hace pensar como ellos...)
 
Preocupa igualmente que las propias autoridades manejen la información de manera descuidada: declaran culpables a personas que no han sido convictas, convocan a ruedas de prensa para litigar ante los medios casos que tendrían que armar con todo cuidado para los tribunales, filtran información que tendría que ser (y por ley es) reservada. Eso también es ilegal.
 

Las autoridades también hacen cosas que no son ilegales pero deberían serlo. Hay dos ejemplos extremos. El primero es el del funcionario que alegremente anuncia "Vamos a poner un retén en en el kilómetro tal y tal de la carretera tal de ocho de la mañana a las cuatro de la tarde", y el segundo es el del funcionario que irresponsablemente advierte: "Va a haber sorpresas, y podríamos detener a ex funcionarios y hasta funcionarios", como declaró el miércoles el Procurador de Justicia del estado, tal vez sin darse cuenta de lo que hacía. Uno tiene derecho a suponer que esos personajes no piensan antes de hablar.
 
Pero este miércoles, mientras preparaba filetes de pescado a la veracruzana (en una especie de homenaje personal a Pepe Ochoa y a Miguel Fematt y La Sopa) oí una entrevista –bueno, es un decir– que puso todo en perspectiva y me hizo temblar la mano cuando agregaba alcaparras a la salsa.
 
La maestra Gabriela Ortiz Quintero, que estudió leyes en California y capacita estudiantes en Buenos Aires, advirtió que las universidades del país han jugado un papel importante en los cambios al sistema jurídico de México, pero no han podido dar a sus estudiantes la capacitación necesaria para funcionar en el nuevo sistema que ellas mismas impulsaron.
 

David Fernández Mena, también experto en derecho (estudió en la Universidad Complutense, como otros), declaró sin que le temblara la voz que las instituciones de Veracruz son "rejegas" y se niegan a aceptar el nuevo sistema adversarial oral. A buen entendedor, pocas palabras.
 
Ortiz Quintero y Fernández Mena vinieron a Xalapa invitados por la Universidad Veracruzana a dar un curso sobre la nueva manera de impartir justicia, y se toparon no con la iglesia quijotesca sino con las instituciones que estorban: los viejos litigantes, los viejos jueces, los viejos intereses.
 
Así no vamos a llegar a ninguna parte, aunque haya Juegos Centroamericanos. Y el pescado a la veracruzana salió bien.