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Columnas y artículos de opinión
Metrópoli
Revisemos las políticas públicas
Francisco L. Carranco
8 de septiembre de 2014
alcalorpolitico.com
Nuevamente la violencia psicosocial, si se permite el término, florece en Veracruz como daño de alto impacto para los ciudadanos que lastima y lacera el derecho más preciado para la humanidad y que es la vida a causa de un delito deplorable y sobradamente traumático como es el secuestro.
 
El perjuicio que este delito causa se equipara a los daños provocados por una guerra o una catástrofe natural a que esta expuesta la población, los daños son psicológicos y sociales tanto para las víctimas como para la sociedad, en general, que observa el aumento incontrolable del delito y la poca atención que el estado otorga para la tranquilidad y paz social.
 
Dos eventos recientes, en la entidad veracruzana, encienden las luces de peligro ante la repetitiva incidencia del secuestro con funestos desenlaces, en ambos casos las víctimas fueron privadas de la vida provocando severo trauma entre los familiares y amigos y el repudio total a esa acción de la sociedad en general.
 

Era sabido que en algunas ciudades del estado la incidencia de extorciones y robos había ido en aumento provocando sólo daños económicos, pero, los casos de secuestro con pérdida de vidas alerta a la sociedad que a través de las redes sociales han manifestado su repudio al delito y la exigencia para que las autoridades de Seguridad Pública se apliquen más y desarrollen estrategias de seguridad y prevención del delito.
 
La población, realmente, no sabe actuar ni qué hacer contra el secuestro, generalmente, observa ese hecho como una situación muy alejada y poco probable de que le suceda, sin embargo, el caso de la pequeña Karime y su tía, ambas víctimas mortales de secuestro, y cuyos familiares son personas trabajadoras pertenecientes a una de las empresas estatales con mejores pagas a sus trabajadores y que eso supone una posición económicamente desahogada para pagar un rescate porque trabajan en Pemex.
 
La especulación sobre los secuestradores, que si fueron “principiantes u oportunistas” o crimen organizado no importa, importa y alarma el hecho de que cualquier persona o sus familiares pueden ser víctimas del delito y si antes se pensaba que sólo aquellos considerados “ricos” podrían ser las víctimas ahora es toda la población en general la que está en riesgo.
 

El otro caso el del tesorero del ayuntamiento de Coatepec, también víctima fatal del delito, cuyo objetivo no se ha podido aclarar porque al parecer no hubo la tipificación requerido para que el delito sea considerado secuestro, es decir, la solicitud de un pago económico o rescate.
 
Sin embargo, este evento permeó una atmósfera de inseguridad en la ciudad de Coatepec y por su cercanía con la capital del estado en toda la zona centro del estado, donde vuelve a surgir el miedo de la sociedad ante este y otros eventos delincuenciales que ha ultimas fechas se han disparado en toda la entidad.
 
Necesariamente los hechos obligan a revisar la política pública del estado en materia de seguridad, los ciudadanos no conocen las medidas preventivas para reducir las posibilidades o incluso para evitar un secuestro.
 

Por lo tanto, suponemos que la respuesta del estado ante este delito deberá promover estrategias conjuntas con el sector privado, la comunidad, el público en general, para una adecuada operación y asociación con el sector público en contra de ese delito.
 
El estado deberá promover las medidas preventivas y promover también las contribuciones de todos los sectores de la sociedad, entre ellos, los docentes, grupos y asociaciones de jóvenes, mujeres, clubes de servicio, organizaciones no gubernamentales y el sector privado y público.
 
El costo social que provoca actividades como el secuestro en las ciudades es el incremento a las insatisfacciones básicas de la población que a la larga desembocan en inestabilidad social, económica y mala imagen para la entidad.
 

Al afectar los valores morales el secuestro es el crimen más deplorable y su adopción por integrantes de la sociedad muestra un deterioro y degeneración de las costumbres, de la pérdida de los valores culturales, políticos, morales y culturales de los ciudadanos de la entidad.
 
La pérdida de valores morales refleja el surgimiento de la violencia social, violación de los derechos humanos, la indisciplina social y la crisis de la autoridad.
 
Suburbio 1
 

La ciudad ya casi queda pero no se nota.
 
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