28 de julio de 2014
alcalorpolitico.com
La corrupción, los malos manejos financieros y las excesivas pensiones que han recibido algunos altos funcionarios jubilados, son algunas de las principales razones que históricamente se han esgrimido para explicar la crisis financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en los últimos 20 años. Ninguna de estos factores, sin embargo, ha sido reconocido por el titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz en su iniciativa de la Ley de Pensiones que se acaba de aprobar, en la cual se ha puesto atención exclusivamente en las razones técnicas del problema y en las soluciones de esa misma naturaleza, dejando de lado las medidas para asegurar un manejo honesto, eficiente y trasparente que evite que se repita el saqueo y la mala administración a que ha sido sometido el IPE durante décadas.
En 1993, cuando Manuel León de la Maza llegó a hacerse cargo del IPE, declaró a la prensa local que había encontrado un organismo descapitalizado, a tal extremo que se vería obligado a vender sus empresas productivas y a dejar de construir casas. También dijo que el déficit que enfrentaba el IPE era producto del mal manejo de la reserva técnica del Instituto, aunque nunca actuó contra ningún funcionario de administraciones anteriores. En aquel entonces también reconoció que existía un déficit de 140 millones de pesos (mdp), que su reserva técnica (conformado por bienes inmobiliarios, reserva líquida y cartera de préstamos) estaba prácticamente agotada y que los 4.5 mdp mensuales que se captaban por concepto de pagos de cuotas de los trabajadores, no eran suficientes para cubrir sus necesidades financieras, por lo que había incurrido en un adeudo de 250 mdp, mismo que crecía a un ritmo de 10 mdp mensuales.
Algunos años después, en 1996, la líder del Setse Acela Servín (integrante del Consejo de Administración del IPE) declaró que la administración del IPE había cometido una serie de irregularidades que agudizaron su problemática y agotaron su reserva técnica y que los problemas de la institución se debían a la corrupción y al hecho de que los fondos del IPE se utilizaban para financiar campañas políticas (Diario de Xalapa, 09-08-1996). El mismo León de la Maza declaró en rueda de prensa (septiembre de 1996) que los responsables de la quiebra eran los consejeros miembros del Consejo Directivo del IPE.
También Sabino Huitrón quien fue director del IPE a fines de los 60s señaló en aquellos días, que la quiebra del IPE se debía a la mala administración del Instituto y de sus empresas productivas. Por su parte, los trabajadores del Hotel Xalapa (empresa propiedad del IPE) daban muestra del despilfarro de recursos al afirmar que existía una nómina confidencial en donde constaba el pago de elevadísimos sueldos a personal de confianza y que existían dos habitaciones ocupadas por personal de gobierno del estado y del PRI contando con servicios de alimentos y bebidas que el hotel tenía que asumir como pérdida pues nadie se lo pagaba.
Ese mismo año y para enfrentar la crisis financiera, el Gobierno del Estado realizó una reforma a la ley del IPE que apuntaba a un rescate financiero para liquidar la deuda del organismo, reconstituir su reserva técnica y establecer algunos mecanismos para un mejor funcionamiento, pero que dejó sin atender dos de los principales reclamos de los trabajadores: la necesidad de profundizar en una investigación que explicara el destino y uso que tuvieron los fondos financieros del IPE y la necesidad de evitar un incremento a las cuotas de los trabajadores, las que se incrementaron al pasar de un 7% a un 11% de su salario mensual. También quedó pendiente la profunda reestructuración administrativa que requería el instituto y los cambios legales necesarios para asegurar que funcionarios ineficientes y corruptos volvieran a atentar contra el patrimonio público. Así, la intervención del Ejecutivo estatal salvó temporalmente al IPE, pero al mismo tiempo salvó de la investigación y de la exhibición pública a todos aquellos que tenían responsabilidad con al manejo del dinero y patrimonio del IPE. Quedó pendiente entonces como ahora, una reforma a la Ley del IPE que garantizara a los trabajadores que sus aportaciones no serían objeto nuevamente de malos manejos.
En aquellos años decía yo que ese rescate financiero del IPE no solucionaba los problemas de fondo (Diario de Xalapa, 14-10-1996) por lo que era de esperarse que en el corto plazo se volviera a presentar un problema similar. Y que obviamente para ese entonces, otros serían los que tendrían que resolverlo pues los responsables ya no estarían aquí y que los que nunca se irían y seguirían pagando las consecuencias serían los trabajadores, lo cual constituía un acto de verdadera injusticia social. Tal como lo dije ha sucedido, ese futuro llegó y con él entre otras cosas, un nuevo incremento a las cuotas que se cobrarán a los trabajadores que ahora serán del 15%.
En 1999 los problemas reaparecieron ya que el IPE volvió a presentar una nueva crisis financiera expresada en un déficit de 112 mdp, lo cual mostró muy rápidamente (tres años apenas) la ineficiencia de las medidas implementadas en 1996.
Hoy, como en 1993, como en 1996, como en 1999, es preciso conocer a dónde ha ido a parar tanto dinero que capta el IPE, cómo se ha usado su patrimonio, cuáles son las causas reales de la quiebra, quiénes son los responsables.
Es preciso que el gobierno del estado aclare estas dudas, nos dé respuestas y tome soluciones inmediatas. Porque la de 2014 podría no ser la última de las reformas necesarias para evitar la desaparición del IPE y es hora de que tengamos soluciones definitivas en torno, por el bien de nuestros viejos que ya se lo ganaron, por el bien de los que hoy trabajan y se merecen un futuro digno.
[email protected]
En 1993, cuando Manuel León de la Maza llegó a hacerse cargo del IPE, declaró a la prensa local que había encontrado un organismo descapitalizado, a tal extremo que se vería obligado a vender sus empresas productivas y a dejar de construir casas. También dijo que el déficit que enfrentaba el IPE era producto del mal manejo de la reserva técnica del Instituto, aunque nunca actuó contra ningún funcionario de administraciones anteriores. En aquel entonces también reconoció que existía un déficit de 140 millones de pesos (mdp), que su reserva técnica (conformado por bienes inmobiliarios, reserva líquida y cartera de préstamos) estaba prácticamente agotada y que los 4.5 mdp mensuales que se captaban por concepto de pagos de cuotas de los trabajadores, no eran suficientes para cubrir sus necesidades financieras, por lo que había incurrido en un adeudo de 250 mdp, mismo que crecía a un ritmo de 10 mdp mensuales.
Algunos años después, en 1996, la líder del Setse Acela Servín (integrante del Consejo de Administración del IPE) declaró que la administración del IPE había cometido una serie de irregularidades que agudizaron su problemática y agotaron su reserva técnica y que los problemas de la institución se debían a la corrupción y al hecho de que los fondos del IPE se utilizaban para financiar campañas políticas (Diario de Xalapa, 09-08-1996). El mismo León de la Maza declaró en rueda de prensa (septiembre de 1996) que los responsables de la quiebra eran los consejeros miembros del Consejo Directivo del IPE.
También Sabino Huitrón quien fue director del IPE a fines de los 60s señaló en aquellos días, que la quiebra del IPE se debía a la mala administración del Instituto y de sus empresas productivas. Por su parte, los trabajadores del Hotel Xalapa (empresa propiedad del IPE) daban muestra del despilfarro de recursos al afirmar que existía una nómina confidencial en donde constaba el pago de elevadísimos sueldos a personal de confianza y que existían dos habitaciones ocupadas por personal de gobierno del estado y del PRI contando con servicios de alimentos y bebidas que el hotel tenía que asumir como pérdida pues nadie se lo pagaba.
Ese mismo año y para enfrentar la crisis financiera, el Gobierno del Estado realizó una reforma a la ley del IPE que apuntaba a un rescate financiero para liquidar la deuda del organismo, reconstituir su reserva técnica y establecer algunos mecanismos para un mejor funcionamiento, pero que dejó sin atender dos de los principales reclamos de los trabajadores: la necesidad de profundizar en una investigación que explicara el destino y uso que tuvieron los fondos financieros del IPE y la necesidad de evitar un incremento a las cuotas de los trabajadores, las que se incrementaron al pasar de un 7% a un 11% de su salario mensual. También quedó pendiente la profunda reestructuración administrativa que requería el instituto y los cambios legales necesarios para asegurar que funcionarios ineficientes y corruptos volvieran a atentar contra el patrimonio público. Así, la intervención del Ejecutivo estatal salvó temporalmente al IPE, pero al mismo tiempo salvó de la investigación y de la exhibición pública a todos aquellos que tenían responsabilidad con al manejo del dinero y patrimonio del IPE. Quedó pendiente entonces como ahora, una reforma a la Ley del IPE que garantizara a los trabajadores que sus aportaciones no serían objeto nuevamente de malos manejos.
En aquellos años decía yo que ese rescate financiero del IPE no solucionaba los problemas de fondo (Diario de Xalapa, 14-10-1996) por lo que era de esperarse que en el corto plazo se volviera a presentar un problema similar. Y que obviamente para ese entonces, otros serían los que tendrían que resolverlo pues los responsables ya no estarían aquí y que los que nunca se irían y seguirían pagando las consecuencias serían los trabajadores, lo cual constituía un acto de verdadera injusticia social. Tal como lo dije ha sucedido, ese futuro llegó y con él entre otras cosas, un nuevo incremento a las cuotas que se cobrarán a los trabajadores que ahora serán del 15%.
En 1999 los problemas reaparecieron ya que el IPE volvió a presentar una nueva crisis financiera expresada en un déficit de 112 mdp, lo cual mostró muy rápidamente (tres años apenas) la ineficiencia de las medidas implementadas en 1996.
Hoy, como en 1993, como en 1996, como en 1999, es preciso conocer a dónde ha ido a parar tanto dinero que capta el IPE, cómo se ha usado su patrimonio, cuáles son las causas reales de la quiebra, quiénes son los responsables.
Es preciso que el gobierno del estado aclare estas dudas, nos dé respuestas y tome soluciones inmediatas. Porque la de 2014 podría no ser la última de las reformas necesarias para evitar la desaparición del IPE y es hora de que tengamos soluciones definitivas en torno, por el bien de nuestros viejos que ya se lo ganaron, por el bien de los que hoy trabajan y se merecen un futuro digno.
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