17 de julio de 2014
alcalorpolitico.com
Más allá de la tragedia reciente que se litiga en los medios en vez de procesarse en los juzgados (los cínicos dirían que a falta de futbol, escándalo), lo que tendríamos que ver y discutir en este momento son las decisiones del gobierno que van a afectar a varias generaciones de veracruzanos.
Uno se entera por la prensa veracruzana de que el gobernador Javier Duarte de Ocha envió al Congreso una iniciativa de reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). El boletín de prensa que publicaron prácticamente todos los medios dice que es una medida importante.
Pero ningún medio –ni la oficina de Comunicación Social del gobierno, ni el Congreso mismo ni nadie– se ha tomado la molestia de publicar íntegro el trascendental documento. Y como no hay información uno tiene que imaginar en qué consiste la reforma, aunque todos suponemos que se trata de hacer algo nuevo con lo viejo.
En papel, se trata de "la creación de un nuevo sistema de pensiones para Veracruz, que dote de mayor justicia a los trabajadores que han brindado su vida al servicio de la ciudadanía, al tiempo que permita al IPE continuar desarrollándose en favor de las futuras generaciones de jubilados y pensionados".
No todos piensan lo mismo. Nadie consultó, por ejemplo, a los jubilados, y muchos de ellos se sienten defraudados por las instituciones en general y por el IPE en particular. Otros se sienten engañados, como consigna la carta de un profesor retirado que publicó el portal alcalorpolítico.com apenas el miércoles:
"El día 6 de septiembre de 2013, un grupo de jubilados del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado nos reunimos en la Casa Veracruz con Javier Duarte de Ochoa y otros funcionarios estatales, entre ellos el secretario de gobierno, el secretario de la SEFIPLAN y el director del IPE", cuenta la carta que escribió un profesor de Nogales.
"En dicha reunión le manifestamos al gobernador nuestra preocupación por la posible reforma a la Ley del IPE, y como respuesta Duarte nos dijo que mientras él fuera Gobernador no habría una reforma al IPE. De manera sarcástica (sic del columnista) añadió que él no podría responder por lo que pasara después de terminado su período de gobierno".
A falta de información concreta sobre el proyecto del gobernador (que debería aparecer publicado en los portales de la oficina de Comunicación Social y del Congreso), uno se tiene que referir a lo que declaró a finales de junio Rodolfo Suárez Castellanos, dirigente de una agrupación de jubilados.
Según Suárez Castellanos, la nueva ley contempla "la reducción de las pensiones a diez salarios mínimos, agregar años de servicio activo por encima de la tercera edad y reducir las prestaciones" que les quedan a los jubilados.
Eso, explicó el dirigente, "hará necesaria la privatización de las afores, por lo que los recursos para el retiro de los trabajadores tendrán que manejarse en instituciones financieras que absorben parte del recurso con cargos y comisiones por el servicio, en algunos casos hasta sesenta por ciento del ahorro".
(Ya era casi de noche donde vivo cuando comenzaron a aparecer en la prensa detalles de la iniciativa, que contempla "establecer en tope monto máximo de las pensiones de jubilación por el equivalente a 26 veces el salario mínimo general de zona económica A elevado al mes", aunque nadie en su sano juicio podría explicar qué quiere decir eso.
Pero además confirma que se eleva la edad de retiro, establece que ochenta por ciento de las aportaciones se destine a pagar prestaciones, y autoriza a invertir la mitad del dinero de la institución en "actividades financieras o mercantiles u otros tipos de inversión que garanticen las mejores condiciones de seguridad rendimiento y liquidez comprobables".
El diputado Ricardo Ahued reconoció en voz alta lo que otros trataban de ocultar sin mucho éxito: el sistema de pensiones está colapsado. A ver qué dicen ahora el director del IPE y otros que decían que no, que el dinero estaba ahí, y que todo era cuestión de horas, de días, tal vez semanas para que se pagara lo que se tenía que pagar.)
Así están las cosas. Habrá que ver qué dice precisamente el texto que recibió el congreso. Y habrá que ver también en qué se diferencia de las iniciativas de 1997 y de 2007, que prácticamente permitieron que las reservas del IPE sirvieran para fines distintos a los que la ley, el sentido común y la decencia señalan.
Tal vez lo sepamos pronto. Tal vez no. La atención mediática está concentrada en un caso que pasó de ser materia penal a ser material político. Y se dedican más recursos y más tiempo a debatir detalles que no tienen por qué debatir en los medios ni el Ministerio Público ni las autoridades municipales de Boca del Río ni la detenida – que no mató a una persona como funcionaria ni como periodista. Punto.
El caso de la muerte de José Luis Burela López se transformó sin que nos diéramos cuenta en el caso del linchamiento de María Josefina Gamboa. Y parce que todos olvidamos que un juez decidirá conforme a derecho. Y nadie supo qué dice la iniciativa de la nueva ley de Pensiones. En ambos casos nos ofrecieron sólo una probadita...
Uno se entera por la prensa veracruzana de que el gobernador Javier Duarte de Ocha envió al Congreso una iniciativa de reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). El boletín de prensa que publicaron prácticamente todos los medios dice que es una medida importante.
Pero ningún medio –ni la oficina de Comunicación Social del gobierno, ni el Congreso mismo ni nadie– se ha tomado la molestia de publicar íntegro el trascendental documento. Y como no hay información uno tiene que imaginar en qué consiste la reforma, aunque todos suponemos que se trata de hacer algo nuevo con lo viejo.
En papel, se trata de "la creación de un nuevo sistema de pensiones para Veracruz, que dote de mayor justicia a los trabajadores que han brindado su vida al servicio de la ciudadanía, al tiempo que permita al IPE continuar desarrollándose en favor de las futuras generaciones de jubilados y pensionados".
No todos piensan lo mismo. Nadie consultó, por ejemplo, a los jubilados, y muchos de ellos se sienten defraudados por las instituciones en general y por el IPE en particular. Otros se sienten engañados, como consigna la carta de un profesor retirado que publicó el portal alcalorpolítico.com apenas el miércoles:
"El día 6 de septiembre de 2013, un grupo de jubilados del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado nos reunimos en la Casa Veracruz con Javier Duarte de Ochoa y otros funcionarios estatales, entre ellos el secretario de gobierno, el secretario de la SEFIPLAN y el director del IPE", cuenta la carta que escribió un profesor de Nogales.
"En dicha reunión le manifestamos al gobernador nuestra preocupación por la posible reforma a la Ley del IPE, y como respuesta Duarte nos dijo que mientras él fuera Gobernador no habría una reforma al IPE. De manera sarcástica (sic del columnista) añadió que él no podría responder por lo que pasara después de terminado su período de gobierno".
A falta de información concreta sobre el proyecto del gobernador (que debería aparecer publicado en los portales de la oficina de Comunicación Social y del Congreso), uno se tiene que referir a lo que declaró a finales de junio Rodolfo Suárez Castellanos, dirigente de una agrupación de jubilados.
Según Suárez Castellanos, la nueva ley contempla "la reducción de las pensiones a diez salarios mínimos, agregar años de servicio activo por encima de la tercera edad y reducir las prestaciones" que les quedan a los jubilados.
Eso, explicó el dirigente, "hará necesaria la privatización de las afores, por lo que los recursos para el retiro de los trabajadores tendrán que manejarse en instituciones financieras que absorben parte del recurso con cargos y comisiones por el servicio, en algunos casos hasta sesenta por ciento del ahorro".
(Ya era casi de noche donde vivo cuando comenzaron a aparecer en la prensa detalles de la iniciativa, que contempla "establecer en tope monto máximo de las pensiones de jubilación por el equivalente a 26 veces el salario mínimo general de zona económica A elevado al mes", aunque nadie en su sano juicio podría explicar qué quiere decir eso.
Pero además confirma que se eleva la edad de retiro, establece que ochenta por ciento de las aportaciones se destine a pagar prestaciones, y autoriza a invertir la mitad del dinero de la institución en "actividades financieras o mercantiles u otros tipos de inversión que garanticen las mejores condiciones de seguridad rendimiento y liquidez comprobables".
El diputado Ricardo Ahued reconoció en voz alta lo que otros trataban de ocultar sin mucho éxito: el sistema de pensiones está colapsado. A ver qué dicen ahora el director del IPE y otros que decían que no, que el dinero estaba ahí, y que todo era cuestión de horas, de días, tal vez semanas para que se pagara lo que se tenía que pagar.)
Así están las cosas. Habrá que ver qué dice precisamente el texto que recibió el congreso. Y habrá que ver también en qué se diferencia de las iniciativas de 1997 y de 2007, que prácticamente permitieron que las reservas del IPE sirvieran para fines distintos a los que la ley, el sentido común y la decencia señalan.
Tal vez lo sepamos pronto. Tal vez no. La atención mediática está concentrada en un caso que pasó de ser materia penal a ser material político. Y se dedican más recursos y más tiempo a debatir detalles que no tienen por qué debatir en los medios ni el Ministerio Público ni las autoridades municipales de Boca del Río ni la detenida – que no mató a una persona como funcionaria ni como periodista. Punto.
El caso de la muerte de José Luis Burela López se transformó sin que nos diéramos cuenta en el caso del linchamiento de María Josefina Gamboa. Y parce que todos olvidamos que un juez decidirá conforme a derecho. Y nadie supo qué dice la iniciativa de la nueva ley de Pensiones. En ambos casos nos ofrecieron sólo una probadita...