21 de abril de 2014
alcalorpolitico.com
Por fin entre empujones y jaloneos las tarifas, del servicio público urbano, sufrieron un aumento inesperado que se oficializó esta semana y a partir de ya los autobuses en Xalapa, Veracruz y Boca del Rio, cobran un peso más a los usuarios que cotidianamente necesitan de este servicio.
Los empresarios, dueños de las concesiones, desde hace años, según ellos, están pugnando por incrementar el precio en las tarifas, pero, no se había dado la oportunidad por la situación económica que atraviesa el estado en donde los burócratas y empleados de las dos fuentes principales de ingresos están sufriendo recortes de personal, reducción de sueldos y prestaciones para hacer frente a lo mas indispensable que es la paga mensual, me refiero a la Universidad Veracruzana y al Gobierno del Estado principales empleadores de la ciudad.
Los usuarios del transporte público se sintieron sorprendidos por el aumento de las tarifas este fin de semana, ya que apenas una semana antes de había dicho que no habría tal y que los empresarios que aplicaran el aumento correrían el riego de perder hasta la concesión.
Sin embargo, los dueños del autotransporte público manifestaron de inmediato que la Secretaría de Seguridad Pública, quien es la dependencia que controla las modalidades del ramo, había autorizado el aumento a algunas rutas y de inmediato las demás hicieron lo propio, es decir, algunos camiones del servicio urbano portan el letrero con las nuevas tarifas autorizadas y otras cobran sin el aviso, sorprendiendo al público usuario.
Ante esto la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Tránsito del Estado, negó estrictamente que el incremento proceda, se habló de un diálogo con los líderes para ver qué es lo que conviene más al sector transportista y a la ciudadanía que es la principal afectada.
Esta postura de la Secretaría de Seguridad Pública, congruente con las necesidades de la sociedad parecía consistente, incluso, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, había reafirmado, inicialmente, que no habría aumento en el costo del pasaje y, dijo, que no era de aplicar una autorización o no, sino de proteger a los grupos vulnerables de las ganancias de los transportistas.
Horas después, a pesar de un intento de defensa, el mismo Gobernador Duarte ofreció el panorama sufrido de los transportistas que ya no pueden ser solidarios con el pueblo luego de sufrir incrementos de la gasolina y otros insumos para brindar el servicio y confirma el aumento a la tarifa del transporte urbano de 8 a 9 pesos y de 5 a 6 pesos en el caso de los ancianos y estudiantes.
Los diputados representantes de la sociedad, ante los rumores y advertencias de los transportistas por el aumento, se quedaron callados nuevamente y en espera de la cargada (la tarifa autorizada), para consolar a los ancianos, estudiantes, amas de casa, empleados y todos aquellos que utilizan el transporte público que tendrán que pagar un peso más por cada ruta que tomen; algunos empleados, estudiantes, jornaleros y trabajadores del campo para trasladarse dentro de la ciudad toman hasta cuatro camiones para llegar a su destino, o sea cuatro pesos.
En las reuniones estuvieron los concesionarios, funcionarios y una agrupación estudiantil, pero, no estuvieron los representantes del pueblo que serán los directamente afectados en este aumento que abre las posibilidades de otros incrementos en la canasta básica, luz, agua, recolección de basura y limpia pública.
El compromiso de los propietarios de las concesiones y camiones del servicio urbano, como si fueran políticos en campaña, fue mejorar la calidad del servicio prestado, pero, no dijeron específicamente cómo, es decir, no hablaron de modernizar las flotillas de los camiones, no hablaron de respetar los señalamientos de transito, ni asegurar las unidades contra los accidentes que pudieran sufrir los ciudadanos a bordo de la unidad, ni reducir el exceso de velocidad, ni dejar de entorpecer las vialidades con los camionzotes en horas pico, ni respetar el reglamento de transito, mucho menos responsabilizarse de los accidentes provocados por los choferes.
Eso sí, aseguraron que en tiempos electorales seguirán prestado sus camiones para los “acarreos” y el pueblo cargará con un peso más: el peso de tener que pagar por cada uno de los integrantes de la familia otro peso que no estaba en el gasto.
Suburbio 1
Palo dado… ni modo ¿qué tanto es un peso?
[email protected]
Los empresarios, dueños de las concesiones, desde hace años, según ellos, están pugnando por incrementar el precio en las tarifas, pero, no se había dado la oportunidad por la situación económica que atraviesa el estado en donde los burócratas y empleados de las dos fuentes principales de ingresos están sufriendo recortes de personal, reducción de sueldos y prestaciones para hacer frente a lo mas indispensable que es la paga mensual, me refiero a la Universidad Veracruzana y al Gobierno del Estado principales empleadores de la ciudad.
Los usuarios del transporte público se sintieron sorprendidos por el aumento de las tarifas este fin de semana, ya que apenas una semana antes de había dicho que no habría tal y que los empresarios que aplicaran el aumento correrían el riego de perder hasta la concesión.
Sin embargo, los dueños del autotransporte público manifestaron de inmediato que la Secretaría de Seguridad Pública, quien es la dependencia que controla las modalidades del ramo, había autorizado el aumento a algunas rutas y de inmediato las demás hicieron lo propio, es decir, algunos camiones del servicio urbano portan el letrero con las nuevas tarifas autorizadas y otras cobran sin el aviso, sorprendiendo al público usuario.
Ante esto la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Tránsito del Estado, negó estrictamente que el incremento proceda, se habló de un diálogo con los líderes para ver qué es lo que conviene más al sector transportista y a la ciudadanía que es la principal afectada.
Esta postura de la Secretaría de Seguridad Pública, congruente con las necesidades de la sociedad parecía consistente, incluso, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, había reafirmado, inicialmente, que no habría aumento en el costo del pasaje y, dijo, que no era de aplicar una autorización o no, sino de proteger a los grupos vulnerables de las ganancias de los transportistas.
Horas después, a pesar de un intento de defensa, el mismo Gobernador Duarte ofreció el panorama sufrido de los transportistas que ya no pueden ser solidarios con el pueblo luego de sufrir incrementos de la gasolina y otros insumos para brindar el servicio y confirma el aumento a la tarifa del transporte urbano de 8 a 9 pesos y de 5 a 6 pesos en el caso de los ancianos y estudiantes.
Los diputados representantes de la sociedad, ante los rumores y advertencias de los transportistas por el aumento, se quedaron callados nuevamente y en espera de la cargada (la tarifa autorizada), para consolar a los ancianos, estudiantes, amas de casa, empleados y todos aquellos que utilizan el transporte público que tendrán que pagar un peso más por cada ruta que tomen; algunos empleados, estudiantes, jornaleros y trabajadores del campo para trasladarse dentro de la ciudad toman hasta cuatro camiones para llegar a su destino, o sea cuatro pesos.
En las reuniones estuvieron los concesionarios, funcionarios y una agrupación estudiantil, pero, no estuvieron los representantes del pueblo que serán los directamente afectados en este aumento que abre las posibilidades de otros incrementos en la canasta básica, luz, agua, recolección de basura y limpia pública.
El compromiso de los propietarios de las concesiones y camiones del servicio urbano, como si fueran políticos en campaña, fue mejorar la calidad del servicio prestado, pero, no dijeron específicamente cómo, es decir, no hablaron de modernizar las flotillas de los camiones, no hablaron de respetar los señalamientos de transito, ni asegurar las unidades contra los accidentes que pudieran sufrir los ciudadanos a bordo de la unidad, ni reducir el exceso de velocidad, ni dejar de entorpecer las vialidades con los camionzotes en horas pico, ni respetar el reglamento de transito, mucho menos responsabilizarse de los accidentes provocados por los choferes.
Eso sí, aseguraron que en tiempos electorales seguirán prestado sus camiones para los “acarreos” y el pueblo cargará con un peso más: el peso de tener que pagar por cada uno de los integrantes de la familia otro peso que no estaba en el gasto.
Suburbio 1
Palo dado… ni modo ¿qué tanto es un peso?
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