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Columnas y artículos de opinión
Metrópoli
Cincuenta y ocho días y contando
Francisco L. Carranco
3 de octubre de 2016
alcalorpolitico.com
Unos cincuenta y ocho días faltan por transcurrir para que se acabe este gobierno, el mal llamado gobierno próspero, que hundió a los veracruzanos en la peor crisis política, económica, social y de inseguridad de las últimas décadas bajo el auspicio total de la indiferencia federal.
 
Pero no todos los veracruzanos sufren del mismo mal, la clase política dorada esa que está por irse, la que manejó la administración fraudulenta para socavar las finanzas públicas de Veracruz y que mantiene el quebranto del estado, enciende el descontento social y aumenta el repudio al gobierno y al PRI, por las tropelías de quizás 30 funcionarios de primer nivel del gobierno del estado que lograron desaparecer miles y miles de millones de pesos y que, a la fecha, es imposible determinar cuánto es lo que ha desaparecido porque hay cifras escandalosas por doquier.
 
Obviamente las decisiones de la democracia autoritaria, llevará a una gran red de funcionarios de menores niveles jerárquicos en la cadena de mando con responsabilidad, por omisión, dilaciones, simulaciones, falsificación y, por supuesto, el incumplimiento de un deber legal.
 

La danza de los millones, la deuda pública, la bursatilización, el decreto de austeridad, el no pago a nadie, las denuncias, las empresas fantasmas, la dilación de las investigaciones, el fuego amigo, el cinismo, la arrogancia, el culpar al otro y otras tantas triquiñuelas de las que no sabíamos que los jóvenes políticos eran expertos cuando tomaron por asalto al Gobierno del Estado.
 
Todas esas cosas fraudulentas que están saliendo y que gracias a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado y la PGR, por ciudadanos veracruzanos, el gobernador Electo y la Auditoría Superior de la federación, que no por el Orfis ni la Contraloría locales, están ilustrando a la población de lo que es y puede hacer un gobierno acusado de corrupción.
 
Los mismos priístas del país aglutinados en el CEN del PRI, que a través de su Comisión de Justicia Partidaria, están espantados de los actos de corrupción generados, documentados y denunciados de los actuales funcionarios del Gobierno del Estado y su máxima autoridad que un análisis exhausto determinó la modesta suspensión de derechos de 7 priístas veracruzanos incluido el Gobernador.
 

Varias reputaciones rodarán también por los suelos luego de los resultados de las investigaciones, Antonio Gómez Pellegrín una de las figuras emblemáticas en el manejo de las finanzas públicas estatales sabedor de todos los artilugios de la administración pública, le faltarán argumentos para resolver el asunto y salir libre de culpa, pero no del desprestigio que adquirió como un entreguista del quebranto patrimonial del estado.
 
Con que cara permanecerán dentro de la función pública, todos los que solaparon que el dinero de Veracruz para los programas y políticas públicas, pago a proveedores, pensiones y salarios desapareciera y se perdiera en paraísos fiscales, bienes y raíces en México, Estados Unidos y Europa, costosas residencias en la ciudad, cuentas millonarias escandalosas, autos, vinos y viajes que en menos de doce años de permanencia colapsaron al estado.
 
La propia normativa que prevé todos los delitos cometidos por los servidores públicos del Gobierno del estado que están a punto de irse con las valijas llenas, no alcanza para sancionar las conductas ilícitas de una forma equitativa, algunos le apuestan desde la inhabilitación hasta la cárcel, aprovechando lo confuso de su aplicación, por ejemplo, el propio sistema de procuración de justicia local tiene que pedir permiso al gobernante para ejecutar las investigaciones pertinentes, por lo tanto, esa orden para continuar con ellas no llegará como ha ocurrido desde hace años donde el sistema de justicia depende del gobierno del estado.  
 

La delincuencia económica evidenciada por el Gobierno estatal es una nueva forma de aprovechar la corrupción creando situaciones legaloides, como la construcción de las empresas fantasmas para lavar el dinero que se sustrae de las arcas, la simulación de actos legales en las licitaciones en donde los concursantes ya saben quién ganará la asignación de las obras o, generar servicios adjuntos al servicio de tal o cual dependencia, como en la Secretaría de Turismo, donde el propio titular, Harry Grappa, constituyó empresas familiares para la prestación de servicios turísticos como transporte y todos aquellos relacionados con el uso y arrendamiento del World Trade Center de Veracruz, desde 15 años, bodas, rodeos, conferencias y todo lo que se pueda realizar en ese centro.
 
El tráfico de influencias y recomendaciones para los negocios y relaciones comerciales no tiene límite en la cúpula del poder político, tanto que ha rebasado el temor de ser ordenados por los entes fiscalizadores que en lugar de ser entes protectores del erario, persecutorios y correctivos del mal uso de los recursos económicos, se vuelven cómplices preventivos que dan todas las facilidades para arreglar los asuntos chuecos antes de que lleguen las auditorías.
 
En fin, cada día que pasa es un día menos para la aplicación de la Ley, porque en un estado donde todos los que gobiernan son del mismo partido y tantos años el ejercicio del poder se ha vuelto uso y costumbre, en todo el mundo saben que si el Presidente de la República no da la instrucción necesaria, ningún gobernador o funcionario se salva o ningún gobernador o funcionario cae.
 

Las evidencias, los expedientes, las denuncias, las investigaciones dicen que hay delito que perseguir y castigar; la PGR es la única institución que hasta este momento puede regresarle la legitimidad al jefe de las instituciones federales y la confianza a la ciudadanía si da, esa instrucción no escrita, para que se actué en forma, tiempo y derecho contra los que son acusados del quebranto patrimonial, político y social del estado de Veracruz.  
 
Sino, todo será una aventura en el país del ya merito o como dijera Walt Disney. De Nunca Jamás.  
 
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