Quedan 66 días a partir de hoy para que, Javier Duarte de Ochoa, entregue las instituciones que conforman el Gobierno del Estado de Veracruz, en la peores condiciones políticas, sociales, económicas que una entidad puede padecer, todo lo que rodea y significa gobierno huele mal.
 
Tan mal que, este lunes, se puede sentar el precedente por primera vez en la historia de los institutos políticos, para que un Gobernador constitucional en funciones de una entidad sea expulsado del Partido que lo cobijó durante años, que lo hizo diputado y luego gobernador.
 
El PRI a través la Comisión de Justicia Partidaria, una cartera que contiene estatutos de comportamiento de los militantes de ese partido y califica a los que no han cumplido con la transparencia, la rendición de cuentas y, que le han fallado a la ciudadanía, ahora, presenta una inusual actividad ante las denuncias de la PGR contra el Gobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito, que este lunes podría perder todos sus derechos como militante y ser expulsado del tricolor.
 

Al respecto, el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, indicó que se está trabajando en investigaciones responsables para responder a las demandas contra la corrupción y la impunidad, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación contra el mandatario veracruzano por supuestos delitos.  
 
Además del proceso de expulsión del PRI hacia el Gobernador Duarte, se siguen acumulando el malestar dentro de la burocracia por los adeudos a la estructura gubernamental, trabajadores de varias dependencias se están quejando de la falta de pago de sueldos y prestaciones.
 
El no pago de la Sefiplan a proveedores que venden con descuento a la nómina que ha mandado a miles de empleados al buró de crédito como mala paga; la falta de pago de impuesto, de cuotas al IPE, el atraco a burócratas que en las dependencias de del Gobierno descontaron salarios, sueldos y compensaciones bajo un hipócrita decreto de austeridad que fue el gancho y la realidad es que ese remanente se lo robaron, sumiendo a los trabajadores del estado en crisis económicas y familiares.
 

La basificación ofrecida a los servidores públicos de contrato y compensación, con bombo, platillo, porras y agradecimientos al titular del ejecutivo estatal, ha quedado temporalmente suspendida, lo que ocasionará más tensión hacia el interior del Gobierno y el Gobernante.
 
La inseguridad y conexiones del aparato de seguridad pública con la delincuencia deja una herida grande y profunda que ha sido el flagelo constante a la ciudadanía, todas las víctimas y sus familiares acusan de falta de compromiso del estado para esclarecer, perseguir y condenar a los delincuentes y los delitos que suceden diariamente en la entidad veracruzana.
 
Los empresarios, prestadores de servicio, comerciantes, constructores, de todos los sectores comerciales incluidos aquellos que venden insumos para la salud, todos, todos los que tienen relación comercial con el Gobierno de Veracruz están enojados con el gobierno, porque a su vez han tenido que cerrar, en ocasiones por quiebra, en ocasiones por adeudos al IMSS, SAT, Infonavit, etcétera.  
 

De nada servirán las manifestaciones públicas del priismo estatal que a la vieja usanza tratan de cobijar al mandatario estatal con firmas y tibios discursos de apoyo contra la crucifixión bien ganada que carga, el Gobernador Duarte, sobre sus espaldas.
 
El PRI y los Priístas, generalmente, habían instituido la complicidad, siempre se llegaba a un acuerdo para proteger todas las rapacerías de los gobernantes que se iban sin importar cuánto o cuál era daño que dejaban pendiente, la historia da cuenta, por lo menos, de los grandes adeudos que las administraciones de Miguel Alemán, Fidel Herrera y la bursatilización dejaron a la actual administración y, ésta nunca barrió hacia atrás, por el contrario, también se instituyó cargar con el boquete y hacerlo más grande sin importar las consecuencias, los daños al estado y su población que todavía carga con la pesada loza del quebranto estatal.
 
Y ahora el ajuste de cuentas y las respuestas sobre enriquecimiento ilícito, incumplimiento de un deber legal, corrupción y no cumplirle con cabalidad a la ciudadanía no nada más de él, sino de sus más cercanos y no tan cercanos colaboradores del Gobernador actual, inicia precisamente con la Comisión de Justicia Partidista del PRI, el largo proceso de rendición de cuentas por corrupción; hace fila la Procuraduría General de Justicia que tiene varias investigaciones abiertas por los mismos delitos.
 

Otra cosa HUBIERA sido si el actual escenario fuera con un sucesor priista quien releve al cargo al Gobernador Duarte. Históricamente en las sucesiones gubernamentales, del mismo partido, no son considerados los ilícitos cometidos por la administración que se va, por lo menos en Veracruz, cada nuevo gobernante apechuga las condiciones en las que se recibe el estado y sus instituciones.
 
Otra cosa HUBIERA sido si la actual administración HUBIERA trabajado para resarcir el boquete de la administración anterior, pero no, pareciera que la consigna era llevarse todo lo que quedaba y meter más créditos para hundir a Veracruz.
 
Si Héctor Yunes Landa, HUBIERA ganado con el apoyo del actual Gobierno, las condiciones de las demandas, la expulsión del PRI y el posible desafuero y todo lo que se derive del resolutivo de la Comisión de Justicia Partidista, sería totalmente diferente, siempre entre priístas existe una oportunidad de negociar, la paz, la tranquilidad y un feliz regreso a la sociedad y militancia. Pero EL HUBIERA NO EXISTE.
 

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