21 de julio de 2016
alcalorpolitico.com
Si no pasa algo inesperado, este jueves Veracruz y el mundo verán cómo se cierra un capítulo más del extraordinario saqueo que han sufrido los fondos públicos en los últimos años.
Se trata de un proyecto de ley que autoriza al gobierno a usar el impuesto sobre la nómina (que aumentó cincuenta por ciento hace poco más de siete meses) para pagar las deudas que la administración de Javier Duarte tiene con un sinnúmero de proveedores de bienes y servicios.
La justificación del aumento fue que propiciaría la creación de empleos (Consideración IX), que serviría para satisfacer necesidades de interés colectivo (Consideración X), y que se usaría para ofrecer créditos a las industrias de todos tamaños y para obra pública y protección civil. Ah, y para pagar la deuda pública y "continuar con finanzas sanas".
Según la reforma que se aprobó en octubre del año pasado y entró en vigor el primer día de este año, en caso de que el gobierno contrate financiamiento garantizándolo con el impuesto que se incrementó, el dinero se destinará primero que nada a pagar lo que se debe, y el resto se irá – en teoría – a un fideicomiso público.
Pero lo que se va a aprobar en el Congreso desaparece las buenas intenciones: nada de crear empleos, nada de créditos para empresas de ningún tamaño, nada de obra pública – aunque nunca hubo obra pública –, y nada para protección civil. Todo será para pagar lo que se debe, que es mucho.
Y es que después de aprobar el aumento al impusto sobre la nómina, el mismo Congreso autorizó la contratación de créditos por veintiocho mil cuatrocientos millones de pesos, con la garantía de la cuarta parte de los fondos federales que recibe el estado para crecer y para invertir en infraestructura social.
Además, los diputados que están a punto de irse aprobaron otro crédito de quince mil millones de pesos (sin incluir intereses) que se pagarán con lo que recaude el impuesto a la nómina. Con esas cuentas no muy claras, cualquiera entiende que esos treinta y tres mil millones de pesos se suman a otras cantidades igualmente escandalosas que se deben a medio mundo.
A eso hay que agregar la inocencia, la ignorancia o la malicia de las autoridades de Finanzas y Planeación (bueno, es un decir), cuyo titular Antonio Gómez Pelegrín aseguró sin recato que todas las empresas que recibirían pagos son legítimas. Pero ya encontraron cuando menos cinco negocios fantasmas que lograron burlar la vigilancia oficial. Quién sabe cuántas más hay en esa lista de acreedores...
Porque hay de todo. Están las empresas de constructores y proveedores que todo mundo conoce, y hay negocios que surgieron quién sabe de dónde y le vendieron quién sabe qué (seguridad privada y asesorías de seguridad, construciones anónimas, y servicios de bar y de casas de empeño) a quién sabe quién en el gobierno de Veracruz.
Lo que parece perverso es que entre la deuda pública de la administración de Javier Duarte de Ochoa aparezcan nueve millones de pesos que nadie le entregó a la Cruz Roja pero que sí les cobraron a los veracruzanos que pagaron el impuesto a la tenencia...
También es perverso que entre los acreedores aparezcan nombres de ex funcionarios y personas cercanas a funcionarios que estarían impedidos legal o éticamente de hacer negocios con el gobierno de Veracruz, y es perverso que nadie haya investigado las denuncias formales e informales que muchos han presentado ante autoridades y foros públicos.
El tamaño del problema puede verse en la decisión de miles de empresarios y otras personas que tendrían que pagar el impuesto a la nómina: no pagarán, y están dispuestos a atenerse a las consecuencias porque saben que dentro de algunos meses las cosas serán diferentes. Nunca se había visto una insurrección fiscal de este tamaño en Veracruz.
Pero todo está listo para esta vaina fiscal. Se sabe que este jueves las comisiones de Hacienda y de Vigilancia se reunirán en Casa Veracruz, y que de ahí – en una perversidad más – los mandarán en un camión al Congreso para aprobar un nuevo saqueo sin que les tiemble ni la voz ni la mano. Ya vendrán otros.
Se trata de un proyecto de ley que autoriza al gobierno a usar el impuesto sobre la nómina (que aumentó cincuenta por ciento hace poco más de siete meses) para pagar las deudas que la administración de Javier Duarte tiene con un sinnúmero de proveedores de bienes y servicios.
La justificación del aumento fue que propiciaría la creación de empleos (Consideración IX), que serviría para satisfacer necesidades de interés colectivo (Consideración X), y que se usaría para ofrecer créditos a las industrias de todos tamaños y para obra pública y protección civil. Ah, y para pagar la deuda pública y "continuar con finanzas sanas".
Según la reforma que se aprobó en octubre del año pasado y entró en vigor el primer día de este año, en caso de que el gobierno contrate financiamiento garantizándolo con el impuesto que se incrementó, el dinero se destinará primero que nada a pagar lo que se debe, y el resto se irá – en teoría – a un fideicomiso público.
Pero lo que se va a aprobar en el Congreso desaparece las buenas intenciones: nada de crear empleos, nada de créditos para empresas de ningún tamaño, nada de obra pública – aunque nunca hubo obra pública –, y nada para protección civil. Todo será para pagar lo que se debe, que es mucho.
Y es que después de aprobar el aumento al impusto sobre la nómina, el mismo Congreso autorizó la contratación de créditos por veintiocho mil cuatrocientos millones de pesos, con la garantía de la cuarta parte de los fondos federales que recibe el estado para crecer y para invertir en infraestructura social.
Además, los diputados que están a punto de irse aprobaron otro crédito de quince mil millones de pesos (sin incluir intereses) que se pagarán con lo que recaude el impuesto a la nómina. Con esas cuentas no muy claras, cualquiera entiende que esos treinta y tres mil millones de pesos se suman a otras cantidades igualmente escandalosas que se deben a medio mundo.
A eso hay que agregar la inocencia, la ignorancia o la malicia de las autoridades de Finanzas y Planeación (bueno, es un decir), cuyo titular Antonio Gómez Pelegrín aseguró sin recato que todas las empresas que recibirían pagos son legítimas. Pero ya encontraron cuando menos cinco negocios fantasmas que lograron burlar la vigilancia oficial. Quién sabe cuántas más hay en esa lista de acreedores...
Porque hay de todo. Están las empresas de constructores y proveedores que todo mundo conoce, y hay negocios que surgieron quién sabe de dónde y le vendieron quién sabe qué (seguridad privada y asesorías de seguridad, construciones anónimas, y servicios de bar y de casas de empeño) a quién sabe quién en el gobierno de Veracruz.
Lo que parece perverso es que entre la deuda pública de la administración de Javier Duarte de Ochoa aparezcan nueve millones de pesos que nadie le entregó a la Cruz Roja pero que sí les cobraron a los veracruzanos que pagaron el impuesto a la tenencia...
También es perverso que entre los acreedores aparezcan nombres de ex funcionarios y personas cercanas a funcionarios que estarían impedidos legal o éticamente de hacer negocios con el gobierno de Veracruz, y es perverso que nadie haya investigado las denuncias formales e informales que muchos han presentado ante autoridades y foros públicos.
El tamaño del problema puede verse en la decisión de miles de empresarios y otras personas que tendrían que pagar el impuesto a la nómina: no pagarán, y están dispuestos a atenerse a las consecuencias porque saben que dentro de algunos meses las cosas serán diferentes. Nunca se había visto una insurrección fiscal de este tamaño en Veracruz.
Pero todo está listo para esta vaina fiscal. Se sabe que este jueves las comisiones de Hacienda y de Vigilancia se reunirán en Casa Veracruz, y que de ahí – en una perversidad más – los mandarán en un camión al Congreso para aprobar un nuevo saqueo sin que les tiemble ni la voz ni la mano. Ya vendrán otros.