El aparato gubernamental podría tener, en unos meses, 7 mil nuevos burócratas con derechos y obligaciones que pueden constituir un deterioro en las finanzas públicas del estado al incorporar a estos trabajadores, de entrada se tiene que autorizar una ampliación presupuestal para fondear el pago y que, según el Gobernador electo, será del orden de los 1,500 millones de pesos anuales.  
 
Esta acción, a final del sexenio del Gobernador Duarte, tiene una perversa intención de desestabilizar el arribo del nuevo gobernante que habrá de iniciar su gestión por dos años, en los cuales deberá cumplir los compromisos de campaña que, dadas las circunstancias, deberá privilegiar sólo dos o tres promesas, cuando mucho, porque no le dará tiempo ni tendrá dinero para ejecutar todos los programas de desarrollo y progreso para el estado necesita, ante la ausencia de liquidez.
 
Sobre este asunto, giran alrededor del presupuesto estatal en el ocaso del sexenio, los compromisos de pago que heredará el actual Gobierno a la gestión, de Miguel Ángel Yunes, que tendrá que renegociar pasivos e inversión para que el estado salga de la crisis económica en el que está sumido.
 

Deberá, el nuevo gobierno, de solventar el pago por servicio de deuda, la bursatilización de las participaciones federales, el pago a proveedores y prestadores de servicios, a constructores de obra pública, pensiones y jubilados, adeudos a la Universidad Veracruzana, a los profesores, a las organizaciones productivas, a las organizaciones fascistoides que reciben sistemáticamente apoyos para respaldar la política partidista y que, año con año, exigen más y más beneficios sin importar las necesidades reales de la sociedad y el pago ineludible del costo del gasto corriente.
 
Al respecto aquí es donde el incremento de burócratas basificados conlleva el deterioro de las finanzas públicas, porque serán, más o menos, 1,500 millones de pesos que deberán quitarse del presupuesto anual para el ejercicio de la gestión y administración gubernamental para pagar el sueldo de los nuevos basificados, a excepción de que el gobierno federal estime partidas extraordinarias para el estado de Veracruz y una ampliación presupuestal para el pago de la nómina.
 
Éstos que sólo ganaban honorarios, un poco mejor remunerados, pero, sin prestaciones, ahora, habrá que cargarles todo el paquete de prestaciones que por ley les corresponden, bueno, eso si se logra capitalizar la basificación de ese gran ejercito de empleados que aspira a la base definitiva con un sueldo, prestaciones y trabajo vitalicio.
 

Sin embargo, en el hipotético de que las bases sean definitivas, se deberá ajustar la basificación al catálogo de puestos del gobierno actual como lo rige la ley, dejando vacantes a los actuales empleados de confianza que, por las mismas características del puesto que desempeñan y su nivel de autoridad e ingreso que perciben, no pueden ser empleados de base según lo considera la propia ley laboral.
 
Además, habrá que prevenir a los nuevos empleados estatales, sujetos a la basificación, para que tengan cuidado con los “lagartones y gandayas” jefes de las unidades administrativas de las dependencias que tienen el poder o beneficio de “tracalear” con las bases que pondrá a disposición la Secretaría de Finanzas con el fondeo económico respectivo y que, conociendo cómo se las gastan los administrativos pronto estarán en venta los favores para que cada empleado obtenga la mejor categoría para usufructuar, de por vida, un salario y prestaciones a cargo del estado y, obviamente, ese favor tendrá un costo económico.
 
Recordemos que, aparte de los 7 mil nuevos empleados que serán basificados, existe un ejército de empleados eventuales o por contrato, desde hace muchos años antes del fidelato y duartismo, que también, históricamente, aspiran a una base y que ahora que hay oportunidad de obtenerla deberán concursar con los beneficiarios que pretende la administración que se extingue.
 

La basificación de empleados estatales también abre la perspectiva leonina de algunos delegados sindicales, dentro de las dependencias estatales, que desde que se hizo el anuncio de la iniciativa de Duarte por otorgar ese “beneficio” a los empleados del estado, empezaron a ofrecer por módicas sumas económicas la seguridad que quien aporte una “lana” tendrá una base, obviamente, con la consabida obligación de que tan pronto sea asignada ésta será una base que se sindicalizará para empoderar al líder y al sindicato en función.
 
Los acarreados en el Congreso, el día de la votación para aprobar la iniciativa de basificación, fueron convocados por los líderes de los sindicatos que a través de sus delegados invitaron a los empleados de confianza y contrato para que fueran a apoyar y presionar, con gritos y arengas, para que los 29 diputados del PRI, no más, votaran a favor.
 
Y, finalmente, un malestar queda con los empleados estatales, que durante el sexenio de Duarte les fueron reducidos los salarios en proporciones escandalosas para pagar sueldos a los amigos y aviadores que quedaron incrustados en las dependieras del estado y otros, que fueron empleados que sólo devengaban una compensación, fueron despedidos arbitrariamente para que esa compensaciones fueran a dar a manos de los cuates y amistades íntimas, de nada sirvieron los decretos de austeridad.  
 

Acciones más acciones menos se derivarán de la iniciativa recién aprobada, pero, esto es un proceso que habrá de sortear primero: La inconstitucionalidad que legalmente habrá de demostrarse o no y segundo: que las bases cumplan con los requisitos que la propia ley establece para los empleados al servicio del poder ejecutivo del estado, deberán pasar, algo así, como seis meses. Hasta entonces tiempo habrá de pasar… pero de que habrá lío, habrá lío.
 
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