24 de mayo de 2016
alcalorpolitico.com
La simple amenaza de la comunidad universitaria de radicalizar la movilización en demanda del pago de la deuda a la UV mediante nuevas marchas y una huelga general, fue suficiente para que el gobierno del estado actuara de manera inmediata, proponiendo un acuerdo con el gobierno federal que hará que la deuda de la UV se reduzca en 1,320 millones de pesos (mdp). Mediante este acuerdo la Secretaría de Finanzas de Veracruz (SEFIPLAN) se comprometerá a pagar directamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto sobre la renta retenido y que al haber omitido el pago, constituye una parte importante de la deuda.
Esta acción es prueba de que el Consejo Universitario General (CUG) cometió un error al haber acordado en su sesión del 4 de marzo, una “veda electoral” que impidió que se siguieran realizando marchas de protesta para mantener la exigencia del pago de la deuda, frenando así la gran fuerza que había adquirido la movilización universitaria, que tan sólo con el anuncio de la marcha del 26 de febrero, puso contra la pared al gobernador Javier Duarte (ese que nos debe la esperanza de un mejor futuro) y lo obligó a presentar rápidamente, una iniciativa de reforma constitucional para otorgar autonomía presupuestal a la UV con el 3% del presupuesto total del gobierno, además de forzarlo a expresar de manera oficial y por escrito (oficio del 25 de febrero) el reconocimiento de los adeudos y establecer el compromiso de pago, y elaborar un calendario para el pago de los recursos federales (oficio del 1º de marzo) mismo que empezó a cumplirse a principios del mes de marzo.
Sin embargo, los acuerdos del CUG del 4 de marzo fueron desmovilizadores. Intencionalmente o de manera involuntaria, el Consejo creó las condiciones propicias para que el gobierno de Duarte (ese que nos debe el “derecho a soñar”) no sufriera el efecto demoledor de la protesta callejera, de la marcha de los inconformes, de las consignas devastadoras, que hubieran exhibido, en plena campaña electoral, a un gobierno irresponsable, ineficiente y corrupto, para cuyo partido, el efecto hubiera sido demoledor.
Se prohibieron las marchas y el movimiento universitario perdió su fuerza y contundencia, al grado tal que el gobierno sólo cumplió con el pago calendarizado del mes de marzo y uno parcial en abril. Hoy prácticamente el calendario ha dejado de cumplirse, volviendo a la irritante y ofensiva moratoria.
La reciente amenaza de radicalizar la movilización universitaria debido a la indiferencia y desdén del gobernador Duarte (ese que nos debe la confianza en las instituciones) ha creado un nuevo escenario en donde el gobierno vuelve a reaccionar para avanzar parcialmente en la solución del conflicto financiero. Sin embargo, en su reciente sesión del 19 de mayo, el CUG tomó acuerdos que no permitirán aplicar una presión a fondo al gobierno de Duarte. Si bien es cierto que acordó la realización de una marcha para el 27 de mayo, ésta sólo se realizará en Xalapa (ya no en las demás regiones) y se desechó la propuesta de realizar una Huelga General o paros por tiempo definido. Es decir, el CUG dejó amarradas las manos a la comunidad universitaria que deseaba medidas de mayor fuerza (y de mayor efectividad) y provocó el desánimo y la sospecha de que esta “movilización restringida” pudiera ser la forma de expresión de una “movilización pactada”.
Y es que, sospechosamente, al gobierno de Duarte (ese que nos debe la paz de los violentados) le vuelven a resultar muy cómodas las decisiones del CUG y con una nueva promesa de reducción de deuda, le da argumentos no sólo para acordar una protesta disminuida, sino hasta para aceptar que lo inviten al próximo informe de la rectora. Evidentemente, en este escenario, no realizará ninguna acción adicional a la que prometió que haría. Y no pagará la deuda que queda pendiente de liquidar. Y lo que es peor, el acuerdo con el gobierno federal anunciado, sólo es un “anuncio”, no se ha firmado aún ningún documento, por lo tanto, esa parte de la deuda no puede todavía considerarse liquidada, y conociendo el nulo respeto que Javier Duarte tiene a su palabra, podría suceder que no se firme.
La movilización universitaria debería ser más radical y mantenerse hasta que el gobierno pague el total de la deuda. A dos semanas del día de las votaciones, una protesta de mayores magnitudes obligaría al gobierno realizar acciones reales y no meras promesas, pues desea disminuir a toda costa el riesgo de perder las elecciones. Pero el CUG, otra vez, intencional o desinteresadamente, le deja las cosas muy a modo para que el daño de la movilización reactivada no lo devaste políticamente y para que no lo hunda en un desastre electoral.
[email protected]
Esta acción es prueba de que el Consejo Universitario General (CUG) cometió un error al haber acordado en su sesión del 4 de marzo, una “veda electoral” que impidió que se siguieran realizando marchas de protesta para mantener la exigencia del pago de la deuda, frenando así la gran fuerza que había adquirido la movilización universitaria, que tan sólo con el anuncio de la marcha del 26 de febrero, puso contra la pared al gobernador Javier Duarte (ese que nos debe la esperanza de un mejor futuro) y lo obligó a presentar rápidamente, una iniciativa de reforma constitucional para otorgar autonomía presupuestal a la UV con el 3% del presupuesto total del gobierno, además de forzarlo a expresar de manera oficial y por escrito (oficio del 25 de febrero) el reconocimiento de los adeudos y establecer el compromiso de pago, y elaborar un calendario para el pago de los recursos federales (oficio del 1º de marzo) mismo que empezó a cumplirse a principios del mes de marzo.
Sin embargo, los acuerdos del CUG del 4 de marzo fueron desmovilizadores. Intencionalmente o de manera involuntaria, el Consejo creó las condiciones propicias para que el gobierno de Duarte (ese que nos debe el “derecho a soñar”) no sufriera el efecto demoledor de la protesta callejera, de la marcha de los inconformes, de las consignas devastadoras, que hubieran exhibido, en plena campaña electoral, a un gobierno irresponsable, ineficiente y corrupto, para cuyo partido, el efecto hubiera sido demoledor.
Se prohibieron las marchas y el movimiento universitario perdió su fuerza y contundencia, al grado tal que el gobierno sólo cumplió con el pago calendarizado del mes de marzo y uno parcial en abril. Hoy prácticamente el calendario ha dejado de cumplirse, volviendo a la irritante y ofensiva moratoria.
La reciente amenaza de radicalizar la movilización universitaria debido a la indiferencia y desdén del gobernador Duarte (ese que nos debe la confianza en las instituciones) ha creado un nuevo escenario en donde el gobierno vuelve a reaccionar para avanzar parcialmente en la solución del conflicto financiero. Sin embargo, en su reciente sesión del 19 de mayo, el CUG tomó acuerdos que no permitirán aplicar una presión a fondo al gobierno de Duarte. Si bien es cierto que acordó la realización de una marcha para el 27 de mayo, ésta sólo se realizará en Xalapa (ya no en las demás regiones) y se desechó la propuesta de realizar una Huelga General o paros por tiempo definido. Es decir, el CUG dejó amarradas las manos a la comunidad universitaria que deseaba medidas de mayor fuerza (y de mayor efectividad) y provocó el desánimo y la sospecha de que esta “movilización restringida” pudiera ser la forma de expresión de una “movilización pactada”.
Y es que, sospechosamente, al gobierno de Duarte (ese que nos debe la paz de los violentados) le vuelven a resultar muy cómodas las decisiones del CUG y con una nueva promesa de reducción de deuda, le da argumentos no sólo para acordar una protesta disminuida, sino hasta para aceptar que lo inviten al próximo informe de la rectora. Evidentemente, en este escenario, no realizará ninguna acción adicional a la que prometió que haría. Y no pagará la deuda que queda pendiente de liquidar. Y lo que es peor, el acuerdo con el gobierno federal anunciado, sólo es un “anuncio”, no se ha firmado aún ningún documento, por lo tanto, esa parte de la deuda no puede todavía considerarse liquidada, y conociendo el nulo respeto que Javier Duarte tiene a su palabra, podría suceder que no se firme.
La movilización universitaria debería ser más radical y mantenerse hasta que el gobierno pague el total de la deuda. A dos semanas del día de las votaciones, una protesta de mayores magnitudes obligaría al gobierno realizar acciones reales y no meras promesas, pues desea disminuir a toda costa el riesgo de perder las elecciones. Pero el CUG, otra vez, intencional o desinteresadamente, le deja las cosas muy a modo para que el daño de la movilización reactivada no lo devaste políticamente y para que no lo hunda en un desastre electoral.
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