22 de febrero de 2016
alcalorpolitico.com
El rectorado de la doctora, Sara Ladrón de Guevara, exhibe la constitución de una Universidad sólida, fuerte, apegada a la congruencia y lejos de las pasiones que pudieran emerger del conflicto en contra del Gobierno del Estado y Sefiplan, por la dilación o, quizá por un delito que perseguir, ante la falta del pago de las subvenciones que a la UV le corresponden por las participaciones estatales y federales.
Ella, como titular de la UV, se ha reusado a tomar calles como forma de presión y manifestación por el descontento que generó el incumplimiento del Estado, sin embargo, ha respondido a la convocatoria del diálogo propuesto por el Gobierno y ante el discurso político inconsistente de las autoridades estatales, prefiere que sean las instancias legales quienes determinen el futuro de los dineros de la Universidad Veracruzana.
La rectora, Ladrón de Guevara, ha recibido y sigue recibiendo, apoyos solidarios de toda la sociedad veracruzana, de las universidades internacionales, nacionales públicas y privadas (hasta para convocar un paro nacional de universidades), asociaciones, ex alumnos, público en general, diversos partidos políticos que con sus integrantes, muchos egresados de la UV, externan el apoyo por la situación que atraviesa la Universidad que espera aún, pacientemente, que el gobierno destine los recursos detenidos, usados o malversados, los cuales son necesarios para su operación.
La universidad en su conjunto, es la casa que representa la cultura y educación superior del estado, considera que ahí se conjugan todas las corrientes del pensamiento y conocimiento universal, por lo tanto, mesuradamente, ha privilegiado las instancias legales, el diálogo y, como última instancia, quizá, las manifestaciones públicas y marchas para apresurar las soluciones.
Sin embargo, con gran entereza, evita que las exigencias al Gobierno de Estado para el pago de la deuda con la UV, queden lejos de cualquier politización y que se vaya a malinterpretar o aprovechar como pretexto para un manipuleo político, digo esto, por la cercanía de las elecciones de junio próximo.
Por tal motivo, la megamarcha anunciada para el 26 de febrero, debe ser en legítimo reclamo al pago de los compromisos del Estado con la UV, lejos, también, de cualquier acto de provocación y definitivamente, marcando la distancia con cualquier hecho vandálico que pudieran provocar los profesionales de esa especialidad ajenos a la universidad.
Sin embargo, no se puede excluir la universalidad de los pensamientos y, los integrantes de la comunidad universitaria, deben de respaldar la toma de decisiones de la Rectora para exigir dentro del marco legal que el Gobierno y todas las instancias del poder cumplan con sus compromisos, recuerden que vivimos en un estado de derecho, un poco abollado, y, por lo tanto, debemos de recibir el mismo trato que ellos esperan, si hay diálogos unilaterales, con dados cargados, pues que sea la ley quien determine y no dar pretextos para que, el gobierno, inculpe a la UV, sus autoridades , sus miembros, simpatizantes y amigos solidarios.
La parte latente que genera la tensión para endurecer la posición universitaria (toda en su conjunto, no nada más la de sus autoridades) es que cuando se decide actuar con la parte legal en el estado, surge otro problema, las cosas se empantanan porque la Ley se inclina, generalmente al que ostenta el poder, en este caso es el estado, los jueces y MP son empleados del ejecutivo y el juicio puede llevarse mucho tiempo, la especialidad de los juzgados es la dilación, eso cuando no te cambian el delito y el agraviado se vuelve culpable.
Esto hace que las manifestaciones en pro de la Universidad, estén latentes para 1) exigir el pago y 2) para que las autoridades agilicen el proceso para una conciliación pronta, con las respectivas condiciones de cumplimiento y, obviamente, el depósito correspondiente. O definitivamente la sentencia de los jueces sobre el asunto.
De no ser así, la Universidad tiene la oportunidad de salir a las calles, en forma pacífica, para señalar la dilación del proceso legal y mantener la exigencia del pago.
La presencia de individuos que en nombre de la Universidad se manifiesten, deberán cuidar en todo momento que es un derecho constitucional, pero, también una acción que puede afectar los derechos de los demás, por lo tanto debe circunscribirse en los principios de respeto, dignidad, cooperación, tolerancia, excluyendo provocaciones y situaciones que pudieran tornarse violentas.
En fin el tiempo pasa y las marchas esperan.
Suburbio 1
Se sacó la rifa del tigre uff, pero el tigre está cadáver
[email protected]
Ella, como titular de la UV, se ha reusado a tomar calles como forma de presión y manifestación por el descontento que generó el incumplimiento del Estado, sin embargo, ha respondido a la convocatoria del diálogo propuesto por el Gobierno y ante el discurso político inconsistente de las autoridades estatales, prefiere que sean las instancias legales quienes determinen el futuro de los dineros de la Universidad Veracruzana.
La rectora, Ladrón de Guevara, ha recibido y sigue recibiendo, apoyos solidarios de toda la sociedad veracruzana, de las universidades internacionales, nacionales públicas y privadas (hasta para convocar un paro nacional de universidades), asociaciones, ex alumnos, público en general, diversos partidos políticos que con sus integrantes, muchos egresados de la UV, externan el apoyo por la situación que atraviesa la Universidad que espera aún, pacientemente, que el gobierno destine los recursos detenidos, usados o malversados, los cuales son necesarios para su operación.
La universidad en su conjunto, es la casa que representa la cultura y educación superior del estado, considera que ahí se conjugan todas las corrientes del pensamiento y conocimiento universal, por lo tanto, mesuradamente, ha privilegiado las instancias legales, el diálogo y, como última instancia, quizá, las manifestaciones públicas y marchas para apresurar las soluciones.
Sin embargo, con gran entereza, evita que las exigencias al Gobierno de Estado para el pago de la deuda con la UV, queden lejos de cualquier politización y que se vaya a malinterpretar o aprovechar como pretexto para un manipuleo político, digo esto, por la cercanía de las elecciones de junio próximo.
Por tal motivo, la megamarcha anunciada para el 26 de febrero, debe ser en legítimo reclamo al pago de los compromisos del Estado con la UV, lejos, también, de cualquier acto de provocación y definitivamente, marcando la distancia con cualquier hecho vandálico que pudieran provocar los profesionales de esa especialidad ajenos a la universidad.
Sin embargo, no se puede excluir la universalidad de los pensamientos y, los integrantes de la comunidad universitaria, deben de respaldar la toma de decisiones de la Rectora para exigir dentro del marco legal que el Gobierno y todas las instancias del poder cumplan con sus compromisos, recuerden que vivimos en un estado de derecho, un poco abollado, y, por lo tanto, debemos de recibir el mismo trato que ellos esperan, si hay diálogos unilaterales, con dados cargados, pues que sea la ley quien determine y no dar pretextos para que, el gobierno, inculpe a la UV, sus autoridades , sus miembros, simpatizantes y amigos solidarios.
La parte latente que genera la tensión para endurecer la posición universitaria (toda en su conjunto, no nada más la de sus autoridades) es que cuando se decide actuar con la parte legal en el estado, surge otro problema, las cosas se empantanan porque la Ley se inclina, generalmente al que ostenta el poder, en este caso es el estado, los jueces y MP son empleados del ejecutivo y el juicio puede llevarse mucho tiempo, la especialidad de los juzgados es la dilación, eso cuando no te cambian el delito y el agraviado se vuelve culpable.
Esto hace que las manifestaciones en pro de la Universidad, estén latentes para 1) exigir el pago y 2) para que las autoridades agilicen el proceso para una conciliación pronta, con las respectivas condiciones de cumplimiento y, obviamente, el depósito correspondiente. O definitivamente la sentencia de los jueces sobre el asunto.
De no ser así, la Universidad tiene la oportunidad de salir a las calles, en forma pacífica, para señalar la dilación del proceso legal y mantener la exigencia del pago.
La presencia de individuos que en nombre de la Universidad se manifiesten, deberán cuidar en todo momento que es un derecho constitucional, pero, también una acción que puede afectar los derechos de los demás, por lo tanto debe circunscribirse en los principios de respeto, dignidad, cooperación, tolerancia, excluyendo provocaciones y situaciones que pudieran tornarse violentas.
En fin el tiempo pasa y las marchas esperan.
Suburbio 1
Se sacó la rifa del tigre uff, pero el tigre está cadáver
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