Activistas y sacerdotes que están contra hidroeléctrica, protegidos con Mecanismo Nacional

Ante las amenazas por la lucha contra la Hidroeléctrica el Naranjal, el sacerdote Julián Verónica, así como las activistas Gabriela Sainz y Guadalupe Saucedo, solicitaron que se activara el Mecanismo Nacional de Protección a los Defensores en Derechos Humanos y Periodistas implementado por la Secretaría de Gobernación, con el que se busca garantizar la seguridad de los ambientalistas mediante una serie de protocolos.

Rosalinda Hidalgo Ledesma, representante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), destacó que desde enero pasado apelaron a estas medidas de seguridad que se brinda mediante varias dependencias que deben salvaguardar la integridad de los ambientalistas.

En entrevista, la activista subrayó que si bien el proyecto hidráulico ha sufrido algunas modificaciones, se sigue causando daños al medio ambiente por lo que las autoridades estatales deben intervenir al respecto para evitar que se desarrolle el proyecto.



Y es que si bien el gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa se deslinda de la emisión de permisos porque son de competencia federal, el hecho de que el proyecto de vaya a realizar en la entidad lo inmiscuye.

Destacó que el programa de manejo del área natural protegida se llevará a cabo por investigadores de la UNAM y se buscará inmiscuir a los habitantes de los distintos municipios de la región que se verían afectados con el desarrollo de la hidroeléctrica.

Manifestó que tienen la esperanza de que se va a tomar la mejor decisión por parte de las autoridades estatales, "este proyecto va a afectar aún así cómo está diseñado, dañará el único manantial de los lugares limpios donde se lleva el agua va a afectar a estos municipios".



Por ello, destacó que esperan se tengan avances en el análisis del proyecto, para que se cancele la hidroeléctrica el Naranjal y se garanticé el correcto manejo del área natural protegida, así como la seguridad de todos.